El Juzgado Contencioso y Administrativo N°4 de La Plata dio lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Este pedido busca obtener información y mantener la documentación sobre las tierras rurales de Buenos Aires durante la vigencia de la ley de tierras, que fue sancionada en 2011 pero derogada por el DNU 70/2023, firmado por Javier Milei poco después de asumir la presidencia. La Corte Suprema, el martes pasado, dejó sin efecto un artículo de ese decreto que derogaba la ley de tierras.
La Defensoría, liderada por Guido Lorenzino, alertó que la derogación de esta ley ha eliminado los controles, el mapa de dominio y las restricciones a la venta de campos a extranjeros, lo que pone en peligro la comprensión del territorio y la protección del medio ambiente, especialmente en áreas como Campana y Zárate, donde hay una alta concentración de titularidad extranjera.
Ante esta situación, el Juzgado Contencioso Administrativo N°4 de La Plata otorgó un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para especificar hasta qué fecha se han actualizado las bases de datos y asegurar la conservación de todos los antecedentes registrales recopilados en los últimos 15 años.
“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de controles deje a los bonaerenses en la oscuridad respecto a la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, declaró Lorenzino, quien añadió que “proteger la información pública sobre nuestro territorio es esencial para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.
En su resolución, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información causaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia.
La jueza Güendalina Sessarego aceptó la cautelar. Si el Gobierno nacional cumple con la orden, en cinco días la Defensoría del Pueblo podría acceder a un registro actualizado sobre las tierras de propiedad extranjera en este territorio.
La ley de tierras rurales 26.737, promulgada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, y también imponía límites basados en la nacionalidad y titularidad.
En diciembre de 2023, el DNU 70/2023, firmado por Javier Milei, derogó la ley a través de su artículo 154. Esta derogación, que quedó judicialmente suspendida durante casi tres años, llevó a la presentación de la medida cautelar por parte de la Defensoría del Pueblo.
La semana pasada, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había evitado la derogación. La Corte fundamentó su decisión en un argumento procesal, al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había iniciado la demanda, no contaba con la legitimación necesaria. Aunque la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154, su fallo, de facto, validó la derogación de la ley mediante el decreto de Milei.
