Las imágenes, subidas por la víctima, Agustina R., han suscitado la condena de la asociación civil “Madres que rompen el silencio” en Río Negro, que exige a la Justicia que intervenga de oficio en el asunto.
En un comunicado oficial, la organización enfatizó la “alarmante permanencia y la falta de respuesta” de la Justicia en la provincia, además de señalar el “estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima”.
El agresor, identificado como Rodrigo C., fue reconocido por su esposa en el video, donde se observa cómo la agredía físicamente y la sometía a insultos, amenazas, y al borrado de mensajes y contactos en su celular. Las imágenes se han viralizado, generando un intenso repudio hacia las autoridades locales de Tapalqué, quienes aún no han emitido ninguna declaración sobre el incidente.
Según confirmaron desde la organización, tienen conocimiento directo del caso y disponen de material probatorio, incluyendo grabaciones y fotografías, que documentan la grave situación que atraviesa la mujer. Sin embargo, advirtieron que la respuesta judicial “no está a la altura de las circunstancias”.
Desde el grupo civil señalaron que las fiscalías y los organismos locales muestran “una peligrosa demora en el proceso”, alertando que “la violencia institucional por omisión o demora también constituye una forma de violencia que perpetúa el riesgo”, según se detalla en su comunicación.
Resaltan el “escenario de desprotección” de la víctima y han presentado un reclamo formal a las autoridades del Departamento Judicial de Azul, exigiendo “intervención urgente” para revisar y acelerar las acciones de los cuerpos judiciales y policiales locales. También piden medidas inmediatas de protección y restricción perimetral eficaces para salvaguardar la integridad psicológica y física de la víctima, así como el cese de cualquier dilación burocrática ante la existencia de pruebas audiovisuales explícitas que evidencian la agresión.
El comunicado institucional subraya que “no se puede tolerar que la burocracia judicial desproteja a quienes denuncian” y que permanecerán “en estado de alerta comunitaria hasta que se cumplan las garantías constitucionales y de seguridad”.
Según fuentes no oficiales, el agresor habría dejado el hogar y la causa está bajo la investigación del fiscal Marcelo Fernández, a cargo de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Azul. Se recuerda que, si se conoce a alguien en una situación de violencia de género, se puede solicitar ayuda las 24 horas al 144 o al 911.
