Adorni, quien renunció a su cargo el 27 de junio pasado en medio de escándalos relacionados con la compra de propiedades y gastos que superan sus ingresos como funcionario, todavía cuenta con la protección de la Casa Rosada. Diversos informes periodísticos han destapado los recursos que el Estado asigna a su custodia, lo que ha llevado a nuevas denuncias penales.
La diputada Selva ha expandido su solicitud de informes a través de los canales institucionales. En su iniciativa en la Cámara baja, exige que se aclare si Adorni sigue recibiendo protección estatal, quién provee esta custodia, cuál es el acto administrativo que la avala y qué normativa justifica esa decisión. Selva destaca que la normativa existente establece esquemas de protección para ciertas autoridades en funciones y exmandatarios, aunque no menciona a los exjefes de Gabinete.
Uno de los puntos clave del proyecto, que abarca 16 cuestiones en el pedido de informes, se relaciona con el uso de una camioneta Toyota SW4 perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística. Según trascendidos, Adorni aún utiliza este vehículo, que estaba a su disposición como funcionario. La diputada ha solicitado conocer el estado administrativo del vehículo, el permiso original otorgado a la Jefatura de Gabinete, los gastos generados desde el cese del funcionario y las posibles infracciones de tránsito acaecidas durante este tiempo.
En su argumentación, Selva indica que es esencial determinar si la continuidad de estos recursos responde a una política general para exfuncionarios o a una decisión particular. Asimismo, solicita información sobre quién asumió la responsabilidad administrativa y presupuestaria correspondiente.
Por otro lado, la protección estatal de Adorni también ha llegado a los tribunales. La diputada Marcela Pagano, que dejó el bloque de La Libertad Avanza, denunció el 5 de julio en un juzgado federal el uso de vehículos oficiales y custodia por parte de Adorni. Presentó fotografías que muestran un vehículo de la Gendarmería Nacional en las cercanías del country Indio Cua, propiedad de Adorni, que adquirió y renovó mientras ejercía como funcionario. Pagano expresó: “Se extendió de manera irregular ese servicio. Además, usa un auto oficial de forma indebida porque no hay denuncia judicial que amerite esa custodia. A pesar de la presentación, nada ha cambiado. Es indignante”.
Otras fuentes indican que Adorni continúa bajo la custodia de la Policía Federal, casi en las mismas condiciones que durante su gestión como ministro. Esta protección se amplía a la Gendarmería en Indio Cua, donde posee una casa de fin de semana, con piscina y cascada. Esta medida, al parecer, fue implementada sin el respaldo de normativa legal desde el Ministerio de Seguridad, que dirige Alejandra Monteoliva, con el consentimiento del presidente Milei y su hermana, Karina Milei.
En cuanto a la investigación penal por enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Pollicita está analizando las respuestas que Adorni presentó para justificar su situación patrimonial y se encuentra preparando nuevas medidas de prueba. Según informaron fuentes judiciales, se prevé que la Fiscalía solicite diligencias al juez federal Ariel Lijo a partir del viernes, cuando se complete la evaluación del caso. Pollicita revisará las versiones que Adorni presentó en un escrito, y que, según su abogado Matías Ledesma, demuestran que han sido resueltas las inquietudes de la Justicia, antes de definir nuevas acciones para corroborar estos datos.
Respecto a sus gastos y cambios en su estilo de vida desde que asumió en la función pública, el exjefe de Gabinete argumentó que, aunque contaba con importantes ahorros junto a su esposa, decidieron vivir como si no los tuvieran, con el objetivo de asegurar la educación de sus hijos y su propia jubilación a largo plazo. No obstante, no explicó su decisión de gastar estos ahorros durante su breve paso por el Gobierno.
La atención de la Justicia se centra en sus transacciones con criptomonedas, que Adorni usó para justificar cerca de US$ 600.000 en efectivo no declarado anteriormente, así como varios gastos relacionados con su estilo de vida. Sin embargo, sus contradicciones ante la Justicia han generado más dudas que certezas acerca de su patrimonio.
El exvocero presidencial adujo haber hecho inversiones significativas en bitcoin entre 2014 y 2018, antes de liquidarlas a través de ocho billeteras, justo antes de su ingreso a la función pública. Según su testimonio, las adquisiciones se realizaron de manera personal y presencial en sitios públicos, y las mantuvo fuera del sistema bancario para protegerse de la inestabilidad política de aquel entonces.
Sin embargo, han surgido posibles inconsistencias, ya que en conferencias de 2020 y 2022 afirmó no tener un amplio conocimiento del mundo cripto ni haber realizado inversiones en este ámbito. Además, análisis de expertos indican que una de las billeteras virtuales recibió transferencias el mismo día en que Adorni afirmó no estar en el país, lo que contradice su versión sobre las adquisiciones.
