El debate real se centra en la sustentabilidad del sistema de salud solidario y el fuerte impacto financiero que enfrenta la obra social. Además, se han detectado serias anomalías en el circuito de amparos judiciales, donde un pequeño grupo de prestadores capta de manera desproporcionada una cantidad significativa de recursos, cobrando cinco veces más a través de la Justicia, generando inequidades para el resto de los afiliados y presionando a IOMA a regular estas situaciones.
En lo que respecta a la judicialización, se ha convertido en un factor crítico de desfinanciamiento. Según datos estadísticos de abril de 2026, mientras que 5.793 acompañantes ofrecieron cobertura regular a 7.800 afiliados, solo 387 profesionales asociados a amparos judiciales concentraron una demanda de $1.116 millones por la atención de solo 409 afiliados.
Es fundamental aclarar que la relación entre IOMA y los acompañantes terapéuticos no es de dependencia laboral, ya que la obra social paga honorarios por las horas efectivas de servicio verificadas mediante un sistema de token digital. Actualmente, el costo por hora se sitúa en $6.593, lo que permitiría a un profesional que asiste a dos pacientes durante cuatro horas diarias a facturar alrededor de $1.054.000 mensuales; en cambio, si trabaja solo una hora, recibiría $6.593. Por tanto, es erróneo presentar las facturas globales o promedios como si constituyeran una estructura salarial del sector.
La distorsión en los costos es evidente, ya que el costo promedio por afiliado en el circuito administrativo rutinario es de $550.000 mensuales, mientras que en los casos judicializados supera los $2,7 millones. Esto implica que la misma categoría prestacional cuesta cinco veces más cuando se gestiona a través de una orden judicial, lo que lleva a que apenas el 5% de los afiliados en esta categoría consuma más del 20% del presupuesto total para prestaciones.
La diferencia económica se estima en $890 millones mensuales, lo que, anualmente, representa cerca de $10.500 millones. Esta situación plantea una discusión importante sobre la equidad en el acceso a las prestaciones, no porque los afiliados no tengan derecho a recibir atención, sino porque es necesario indagar sobre por qué los mismos servicios son significativamente más costosos cuando se gestionan judicialmente.
Se ha identificado un patrón en las prestaciones judicializadas, revelando que ciertas empresas prestadoras tienen una vinculación directa con los afiliados de IOMA exclusivamente a través de órdenes judiciales, sin participar en el circuito administrativo regular. De hecho, cuatro compañías concentran a 66 afiliados amparados y perciben aproximadamente $151 millones mensuales, superando los $1.800 millones anuales. Esta situación genera interrogantes sobre por qué estos prestadores obtienen matrículas exclusivamente por vías judiciales y con cifras multiplicadas por cinco.
Sin apresurarse a asignar responsabilidades penales, la existencia de este patrón recurrente demanda una auditoría del proceso de derivación, las indicaciones médicas, así como los roles de profesionales, abogados e intermediarios, y los juzgados involucrados. El amparo, concebido para proteger derechos ante situaciones urgentes, no debería usarse como un medio programado para asegurar rentabilidades excepcionales a determinadas empresas.
Asimismo, la proliferación de órdenes judiciales sin trámite previo ni auditoría por parte de IOMA ha convertido al amparo en una vía habitual que evade los mecanismos de control del Estado. Este escenario desvía la función original del amparo y lo transforma en un recurso habitual para cubrir servicios programables sin un análisis administrativo previo.
La presión judicial se suma a la crisis financiera general que atraviesa IOMA, afectada por factores macroeconómicos y estructurales. La obra social ha reconocido tener dificultades financieras similares a las que enfrentan otras entidades y familias, pero el impacto crítico de los amparos judiciales está creando una presión extraordinaria de cerca de $24.551 millones mensuales. Dentro de este contexto, el déficit generado por la atención a 355.000 afiliados municipales, cuyos aportes son insuficientes, abre una brecha negativa mensual de $10.537 millones.
Adicionalmente, el aumento en la demanda de servicios médicos ha incrementado la utilización de IOMA por parte de quienes anteriormente estaban afiliados a otras entidades. Durante el primer trimestre de 2026, se observó un 10% de aumento en la demanda, con aproximadamente el 70% de quienes migraron desde PAMI. La combinación de ese mayor uso junto a la migración de afiliados representa unos $11.393 millones mensuales en costos.
Finalmente, el aumento en los precios de medicamentos y servicios ocasiona mayores costos que suman otros 2.621 millones de pesos mensuales. Todo esto, junto al costo extraordinario de los acompañantes terapéuticos por amparo, crea un escenario crítico.
Frente a esta situación, la hipótesis de un ajuste en el sector de acompañantes terapéuticos queda desmentida por los datos actuales. IOMA cuenta con alrededor de 7.000 profesionales en el circuito regular, cifra que ha crecido desde los aproximadamente 4.000 prestadores al inicio de la gestión en 2020, lo que demuestra una expansión significativa de la cobertura.
El debate propuesto por IOMA es esencialmente sanitario y busca optimizar recursos. El acompañamiento terapéutico tiene como finalidad mejorar la autonomía y la integración social, y no debe confundirse con atención domiciliaria o de enfermería. Es vital evaluar las indicaciones que establecen coberturas de asistencia por 12, 18 o 24 horas, ya que no siempre reflejan la necesidad técnica real de un acompañamiento profesional.
Respecto a los plazos de pago, la obra social reconoce el derecho de los profesionales a recibir sus honorarios de manera oportuna y ya se trabaja para optimizar estos tiempos. Durante los primeros meses de 2026, el promedio entre la presentación de facturas y su pago fue de aproximadamente 48 días, aunque se registraron retrasos en mayo, donde el pago se realizó en 57 días. La situación ya está en curso de corrección, buscando acercarse a un plazo de 30 días.
