El proyecto de ley de la senadora Patricia Bullrich propone aumentar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y avanzar hacia un mercado más abierto. Sin embargo, las empresas regionales advierten que este esquema podría concentrar el negocio en manos de grandes aceiteras, amenazando su supervivencia.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) ha cuestionado especialmente el mecanismo de transición para las empresas no integradas, sugiriendo que existía un acuerdo con las cámaras CIARA y CEC. Sin embargo, estas entidades desmintieron la existencia de tal acuerdo y manifestaron su respaldo al proyecto de Bullrich.
El proyecto, que se encuentra en discusión en el Senado, busca reemplazar el régimen actual y fomentar una mayor competencia en el sector. En la actualidad, hay 25 plantas pymes que abastecen el mercado interno, localizadas principalmente en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.
De acuerdo con CEPREB, este sector genera alrededor de 9.500 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y tiene una facturación anual cercana a los 1.000 millones de dólares.
Las industrias de biodiésel y aceite de soja, agrupadas en CARBIO y CIARA, consideran esencial que el Senado avance en el tratamiento y dictamen de la propuesta de acuerdo a un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles en Argentina.
“Consideramos viable aumentar el corte al 12,5%, dado que actualmente los precios son competitivos frente al gasoil importado, y esto abriría la oferta a la libre competencia para 2030, sin causar un sacrificio fiscal, ya que cualquier aumento en la producción de biodiésel podría mejorar los precios de exportación del aceite de soja. La industria ha realizado fuertes inversiones durante décadas, generando más de 30.000 empleos, y siempre está abierta al diálogo, buscando promover la competencia, la inversión, el empleo y la producción de biodiésel para beneficiar al consumidor, reduciendo significativamente su costo. No hemos establecido acuerdos formales con ningún sector de empresas, pero fomentamos el diálogo continuo. Creemos que el Senado es el ámbito adecuado para hallar soluciones regulatorias”, afirmó Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO.
