El ex ministro de Planificación Federal está cumpliendo una condena en su residencia de Zárate por su implicación en la Tragedia de Once, a la espera de otras sentencias que sean firmadas.
El 9 de febrero, el juez federal Sebastián Casanello había procesado a De Vido y a Minnicelli, quien ocupó un cargo directivo en la SIGEN, considerándolos responsables de un enriquecimiento ilícito. Este involucra dos elementos: la compra de un inmueble en la avenida Libertador por un valor de 587.000 dólares y la tenencia de 90.000 dólares en efectivo, sin justificación.
De Vido fue imputado como autor del delito, mientras que a su esposa se le atribuyó el papel de partícipe necesaria en la acusación de enriquecimiento ilícito de un funcionario público. Según se señala, entre 2003 y 2017, el ex ministro “habría aumentado de forma considerable e injustificada su patrimonio mientras estaba en funciones, contando para ello con la colaboración de su esposa y otras personas”.
La Sala IV, al rechazar el recurso, argumentó que no se demostraron los requisitos formales necesarios para habilitar la instancia, ya que la decisión impugnada no es una sentencia definitiva que ponga fin a la acción penal, ni se acreditó una cuestión federal que permita una revisión en esta etapa.
