Para esta jornada, están citados Ángel Alejandro Heit, Carlos Ramón Micolucci, Claudio Humberto Trerotola, Gabriel Omar Falaschi, Roberto Enrique Antonio Muller, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall y Héctor Molina.
En la audiencia anterior, el Tribunal Oral Federal 7, conformado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó a José Javier Videla, ex piloto del Tango 01, quien reveló que Daniel Muñoz trasladó una valija de 23 kilos desde Aeroparque a Río Gallegos que no quiso despachar.
Videla, quien fue piloto del Tango 01 entre 2000 y 2007, narró que realizaba vuelos frecuentes a Santa Cruz y se enfocó en uno en particular: “Recuerdo un vuelo que él (Muñoz) realizó exclusivamente desde Aeroparque a Río Gallegos; fue un vuelo con él solo. Viajó con una valija que la llevó adentro del avión porque no dejó que la pusiéramos en la bodega. Era una valija para ir a bodega, mediana de 23 kilos. Eso me llamó la atención”.
El expiloto también hizo hincapié en que el mecánico del avión le ofreció a Muñoz subir el equipaje, pero este se negó. “Lo colocó cerca de su asiento, no dejó que nadie toque el equipaje. Cuando llegamos a Río Gallegos, no bajó en el aeropuerto, sino en un extremo de la pista donde ingresaron dos o tres coches, lo buscaron, se fue y a la tarde volvimos a Buenos Aires”.
Videla expresó que le resultó curioso el rechazo de Muñoz a que la valija fuera colocada en la bodega, ya que “la tuvo al lado de él durante todo el vuelo” y en ese traslado fue “el único pasajero”. Además, le llamó la atención que el secretario de los Kirchner no desembarcara en la plataforma del aeropuerto, siendo habilitada una zona cercana a una de las cabeceras para su descenso.
Al ser consultado sobre si los tripulantes tenían alguna función específica relacionada con el control del equipaje, Videla respondió que no, aclarando que no se revisaba el equipaje de los secretarios presidenciales: “No que yo recuerde, si venían con el Presidente, no”.
La causa se originó a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, cuyos apuntes describieron un mecanismo sistemático de cobro de coimas a empresas a cambio de la concesión de obras públicas durante más de diez años.
La acusación sostiene que Cristina Kirchner y sus funcionarios llevaron a cabo “un plan integral en el cual implementaron una logística orientada a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban como contraprestación, a cambio de beneficios otorgados a las compañías que representaban”.
Además, se mencionó que “el sistema de recaudación ilegal contó con, como mínimo, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero, eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios”.
