Lavagna destacó: “Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”.
El exfuncionario también mencionó que sus comentarios no fueron bien recibidos: “Algunas de las autoridades más importantes de la Cámara, cuando terminé, me dijeron: ‘Ministro, justo acá viene a decir eso’. Y mi respuesta fue: ‘Sí, justo acá tenía que hacerlo’”.
Durante su testimonio, Lavagna relató que entre abril y mayo de 2005, en una de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), se generó preocupación a partir de las observaciones realizadas por estas instituciones. Dijo que el Banco Mundial, que había financiado obras de Vialidad, manifestó sentirse “incómodo” con la ejecución de algunos programas, sugiriendo incluso la posibilidad de una investigación.
Originalmente, su declaración estaba programada para el martes anterior, pero debió ser reprogramada por problemas de conexión a Internet.
Lavagna aclaró que no tenía relación con el entonces Ministerio de Planificación Federal, dirigido por Julio de Vido, uno de los principales acusados en esta causa. También comentó que participó en la confección de los presupuestos nacionales de 2003, 2004, 2005 y 2006, y permaneció en su cargo hasta noviembre de 2005. Señaló que entre 2003 y 2004 existía una diferencia “muy moderada” entre las solicitudes de diversas áreas y los recursos disponibles.
Sin embargo, en 2005 esa brecha comenzó a ampliarse, llegando a “desbordarse” para el Presupuesto 2006. Acerca de las discusiones presupuestarias de ese año electoral, Lavagna expresó: “Los pedidos eran muy fuertes y hacían muy difícil para el Ministerio de Economía atender la totalidad de las iniciativas”.
El exministro, que ocupó su cargo durante la presidencia de Néstor Kirchner, también había sido citado en el juicio relacionado con la causa Vialidad, donde hizo referencia a una investigación interna sobre posible cartelización en la adjudicación de obras viales en diversas regiones del país, que resultó en la suspensión de aproximadamente veinte proyectos del Ministerio de Planificación Federal.
La causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, se centra en la presunta recepción de sobornos en el departamento de Recoleta de los Kirchner por parte del exsecretario presidencial, Daniel Muñoz. La expresidenta enfrenta acusaciones como supuesta jefa de una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015 en el seno del Poder Ejecutivo, junto a otros exfuncionarios, empresarios y exchoferes vinculados al caso.
La acusación sostiene que Kirchner y sus colaboradores implementaron un “plan integral” para la recaudación de fondos ilícitos de parte de empresarios del sector de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficios a las empresas que representaban. Se indica que este sistema de recaudación ilegal contaba, al menos, con dos canales independientes pero complementarios, donde los funcionarios públicos eran quienes recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios.
