En febrero, la cifra había alcanzado los $1,9 billones, mientras que en marzo se elevó a $4 billones y en abril se redujo a casi $2,8 billones.
Estos movimientos, previos a una revisión del FMI, se asemejan a fases anteriores en las que los gobiernos encontraron dificultades para cumplir con la meta fiscal acordada con el organismo y, por lo tanto, optaron por el “truco” de postergar pagos.
Es importante destacar que las metas del FMI son calculadas en “base caja”, lo que significa que se considera el flujo de dinero que entra y sale, sin importar el momento en que se generó el gasto, conocido técnicamente como devengamiento.
Kristalina Georgieva, quien dirige el FMI, menciona que el organismo permite a los gobiernos utilizar este mecanismo, aunque con restricciones: la deuda flotante no puede exceder el 10% del gasto corriente. Esto representa una forma de cálculo del resultado fiscal que está detallada en las normativas del organismo.
Por lo general, ante dificultades para cumplir con la meta, los gobiernos tienden a frenar los pagos hasta obtener la aprobación del FMI; después de superar la revisión, reanudan sus pagos.
A pesar de que en abril Luis Caputo comenzó a saldar deudas de “caja chica”, si se compara la situación con enero, la deuda flotante de la Administración Central aumentó en $1,2 billones hasta el mes de abril.
Marzo se caracterizó por un gran desafío en cuanto a gastos. Se manifestaron quejas por parte de médicos del PAMI y proveedores de la obra social de jubilados debido a la falta de ajuste en sus ingresos. Además, el Gobierno limitó los envíos a la ANSES, que ahora está compensando con bonos de deuda.
Por otro lado, también hubo limitaciones en los servicios de colectivos por impago de subsidios, algo que fue denunciado por las empresas del sector.
