Esta madrugada, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó, mediante resolución, el Sistema de Retiro Voluntario para el personal que se aplicará durante el ejercicio 2026.
Según fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, esta medida comenzó a tener efecto el 4 de mayo y permanecerá vigente hasta el 31 de mayo. Asimismo, se aclaró que podría extenderse, de manera excepcional, por un período adicional de 15 días si así lo solicita el Consejo.
Este régimen se fundamenta en lo que establece el artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional (homologado por el Decreto Nº 214/06), el cual reconoce el retiro voluntario como una causa explícita para la finalización del vínculo laboral de los trabajadores incluidos en la Ley Nº 25.164. Según la resolución firmada por Nicolás Bronzovich el 7 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial, solo podrán acogerse al plan aquellos que formen parte de la planta permanente.
El cálculo económico que respalda esta iniciativa considera los haberes liquidados hasta enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de ese mismo año. Así, el monto indemnizatorio se determinará en función de la antigüedad y el salario actual. “El incremento salarial acumulado considerado para el cálculo de las compensaciones asciende a 10,30% sobre la base de referencia de enero de 2026“, expusieron. Este dato proviene de la última estimación proporcionada por la Gerencia de Liquidación de Haberes, Asistencia y Mejora a la Administración del INTA.
De acuerdo a lo estipulado, la Dirección General de Administración será responsable de emitir los actos resolutivos en relación con las solicitudes presentadas por aquellos que deseen integrarse al sistema, cumpliendo con la normativa vigente y los procedimientos internos del organismo.
En la elaboración del dictamen, además de la Dirección General de Administración, participaron la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Subsecretaría de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda, y la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, así como la Oficina Nacional de Empleo Público, ambas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según los documentos oficiales mencionados en los considerandos publicados el 7 de mayo en el Boletín Oficial, ninguno de estos organismos se opuso al plan.
El régimen excluye a siete categorías de agentes. Se encuentran fuera quienes hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026; aquellos que tengan condiciones de procesados o condenados por delitos contra la Administración Pública; y quienes hayan iniciado reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado.
