En la actualidad, un trabajador estatal debe completar 30 años de servicio para poder solicitar su retiro. Las mujeres pueden hacerlo a partir de los 57 años, mientras que los hombres deben esperar hasta los 62. La propuesta legislativa que promueve el Ejecutivo mantiene estos parámetros hasta el año 2030 y plantea un esquema progresivo a partir del año siguiente, con el objetivo de establecer un requisito de 35 años de aportes y 65 años de edad indistintamente.
Este proceso se extenderá hasta 2046, con ajustes de seis meses por año en la edad de jubilación. Además, los períodos de aporte se incrementarán en uno cada dos años.
Por lo tanto, para jubilarse en 2031, una mujer necesitará haber cumplido 57 años y medio de edad y haber aportado 31 años. Dos años después, los requisitos serán de 58 años y medio y 32 años de aportes, respectivamente.
Uno de los temas más controversiales son los regímenes especiales, donde algunos permiten jubilaciones a edades diferenciadas, así como pautas que el Gobierno no controla. Por ejemplo, hay sectores que pueden solicitar su retiro a partir de los 52 años. La propuesta del Ejecutivo busca que estas personas continúen aportando a la Caja de Jubilaciones hasta alcanzar la edad ordinaria.
El Poder Judicial también presenta un desafío adicional. Actualmente, existe un sistema que vincula los aumentos salariales otorgados por la Corte Suprema con la movilidad de los sueldos de activos, lo que afecta el cálculo de los haberes de los jubilados. La intención del Gobierno es resolver este problema que se originó hace aproximadamente 15 años.
La administración de Frigerio ha iniciado un proceso de diálogo con los sindicatos estatales para buscar un entendimiento básico, implementando un enfoque similar con los partidos de oposición.
Sin embargo, los sindicatos han manifestado su rechazo a varios puntos del proyecto y han llevado a cabo medidas de protesta en oposición a la reforma. Uno de los sindicatos más importantes del sector docente, Agmer, ha lanzado una campaña pública para instar a los legisladores a no respaldar la propuesta del Ejecutivo. Otros sindicatos, como UPCN, han adoptado una postura más conciliatoria, contribuyendo con sugerencias al texto legislativo.
Por su parte, la oposición justicialista también ha expresado su desacuerdo. Aunque ningún miembro del PJ niega el problema del déficit en las cuentas provinciales, argumentan que la administración de Frigerio pretende hacer que el ajuste recaiga sobre los docentes, policías y empleados públicos.
El Gobierno provincial respondió reiterando que el desequilibrio existe y se ha agravado durante los 20 años de administración peronista desde principios del siglo XXI.
