Este viernes, el proyecto que pretende sustituir a la Ley 7.526, vigente desde 2006, fue ingresado a la Legislatura provincial. Desde el Gobierno se destaca que el marco legal actual “ha quedado severamente desactualizado” ante los cambios significativos en la legislación nacional en los últimos tiempos.
Se subraya la urgencia de actualizar la normativa local tras la aprobación de la Ley Bases, que modificó la Ley Nacional de Hidrocarburos N° 17.319, redirigiendo el enfoque del sector “desde el histórico autoabastecimiento hacia la maximización de la renta, la desregulación y la libre comercialización de saldos exportables a precios internacionales”.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, enfatizó que “hace 20 años Mendoza no contaba con un portafolio de inversiones para el desarrollo del petróleo no convencional”. En este sentido, expresó: “Se modificó la ley nacional, lo que también nos obliga a actualizar la normativa provincial. Esto, sumado a un nuevo modelo económico y al aumento en la demanda internacional de energía y minerales críticos, requiere una legislación que ofrezca seguridad jurídica tanto a los inversores como, sobre todo, a los mendocinos”.
El proyecto de ley propuesto por Cornejo afirma que los yacimientos hidrocarburíferos en territorio mendocino son parte del patrimonio exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado provincial. Reconoce, además, una “matriz hidrocarburífera dual”, que incluye la Cuenca Cuyana (con yacimientos convencionales maduros en el norte y centro de la provincia) y la Cuenca Neuquina, donde se localiza la “lengua mendocina” de Vaca Muerta, un recurso no convencional que demandará normas más ágiles para atraer inversión intensiva.
Bruno De Pasquale, director de Asuntos Legales del Ministerio de Energía y Ambiente, subrayó que los fundamentos de esta reforma están diseñados para “brindar seguridad jurídica a las empresas, actualizar la normativa en línea con lo que ha dispuesto la nación, fomentar las inversiones y, al mismo tiempo, que dicha incentivación traduzca en trabajo para la provincia”.
Además, se ha elaborado un sistema de regalías flexibles que será parte de las ofertas, permitiendo que las empresas puedan presentar diversas garantías de regalías en función de las características del área de inversión.
La propuesta también contempla la creación de un régimen de incentivos para empresas que realicen actividades específicas, como la recuperación terciaria y la reactivación de pozos, lo que facilitará mayores inversiones y generación de empleo.
En cuanto a la responsabilidad ambiental, la reforma busca fortalecer los compromisos de las operadoras y de las empresas a lo largo de toda la vida del pozo y de la operación de las áreas.
El nuevo marco legal propone que los permisos y concesiones se otorguen a través de licitación pública, con una regalía base del 15% sobre la que los oferentes podrán competir ofreciendo un adicional. El Ejecutivo tiene la potestad de disminuir esta regalía hasta un mínimo del 5%, dependiendo de la productividad y ubicación de los pozos. Actualmente, las regalías hidrocarburíferas en Mendoza están alrededor del 12%, aunque el año pasado se incorporaron regalías móviles que permiten ajustes en función del proyecto.
Además, se establece un régimen de incentivos que permite reducir las regalías por debajo del mínimo del 5% para promover la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria o la recuperación terciaria en áreas consolidadas. La reforma faculta al Ejecutivo a contratar de manera directa y excepcional a EMESA u operadoras ya establecidas en la provincia para gestionar áreas sin titular vigente, hasta que se convoque a licitación en un lapso no mayor a 18 meses.
Asimismo, el proyecto introduce un nuevo régimen sancionatorio, clasificando las infracciones en leves, graves, muy graves y gravísimas, y estableciendo diversas sanciones que van desde apercibimientos hasta multas. Las multas se ajustarán según la gravedad de cada infracción, con rangos que van desde 20.000 a 2.090.000 litros de nafta súper.
Por último, la normativa fija principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, afirmando que renunciar, caducar o extinguir un derecho no exime al titular de sus obligaciones relacionadas con el cierre, abandono y remediación ambiental.
