Durante 2025, se estima que 73 millones de kilos de alimentos fueron retirados del circuito de consumo, de acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los lácteos, fiambres y productos refrigerados fueron los más desechados en supermercados y autoservicios, lo que representó pérdidas por un total de $370.520 millones.
Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos Buenos Aires, explicó que la actual normativa tributaria puede influir en la decisión de las empresas respecto a sus excedentes: “Es de suma importancia la donación de las empresas. Es por eso que constantemente buscamos identificar las condiciones que influyen en la decisión de nuestros aliados al disponer de su merma”.
Una de las claves en esta decisión recae en el tratamiento que la Ley de IVA otorga a las donaciones. Según el marco legal actual, al donar alimentos, la empresa pierde la posibilidad de utilizar el crédito de IVA asociado a su producción, mientras que si esos alimentos son descartados, sí puede computar dicho crédito fiscal. “Promover la reforma legislativa necesaria para corregir esto es uno de los objetivos que trabajamos junto a la Red de Bancos de Alimentos”, enfatizó.
Las solicitudes incluyen reducciones fiscales para las donaciones, de manera que no implique una desventaja impositiva frente a la opción de descarte. Este análisis se complica aún más al sumar los costos asociados a la recuperación, clasificación, almacenamiento y transporte de los productos.
Argentina cuenta con la Ley Donal, que regula las donaciones de alimentos y brinda seguridad jurídica a quienes los entregan. En su artículo 9, se establece protección para las empresas respecto a la responsabilidad civil y penal de los productos donados, con el fin de promover su recuperación y reducir el desperdicio.
El Banco de Alimentos sostiene que el principal obstáculo es económico. La organización propone avanzar hacia un sistema de incentivos que apoye la decisión de donar y evite que los costos asociados lleven a las empresas a optar por el descarte.
La situación plantea una contradicción notable: por qué destruir alimentos aptos para el consumo puede resultar, en términos económicos, más ventajoso que donarlos. Uranga vinculó esta cuestión con los niveles de pobreza e indigencia en el país, destacando el trabajo de los bancos de alimentos para recuperar productos. “Hoy en nuestro país hay hambre, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA sostiene que la Argentina ha mantenido desde hace años un piso estructural de pobreza cercano al 30% y la indigencia asciende a alrededor del 7%. En este contexto, los Bancos de Alimentos trabajan para reducir el hambre y evitar el desperdicio de alimentos.
“Pensemos que cada kilo de alimento que se destruye y podría haber sido donado pierde la oportunidad de convertirse en un plato de comida. Facilitar las donaciones no solo es un imperativo ético, sino también una solución económica y ambiental necesaria para el país”, agregó.
Alfredo Kasdorf, asesor de la Red Global de Bancos de Alimentos, afirmó que Argentina debería complementar la legislación actual con herramientas económicas que favorezcan las donaciones. “Desde la perspectiva de GFN, Argentina necesita completar la Ley Donal con una arquitectura de incentivos. Una prioridad sería revisar el tratamiento del IVA asociado a las donaciones de alimentos, para que la donación no genere la pérdida de créditos fiscales que sí se produciría ante ciertos tipos de descarte”, explicó.
Además, urgió a considerar un fortalecimiento de las deducciones fiscales, que en términos generales están limitadas al 5% de la ganancia neta del ejercicio, así como el reconocimiento de costos relacionados con la recuperación, transporte, almacenamiento y distribución de alimentos.
Kasdorf manifestó la necesidad de facilitar los trámites: “La oportunidad para Argentina es transitar desde una Ley Donal que habilita las donaciones hacia un sistema de políticas públicas que haga más simple y económicamente viable la donación. Esto permitiría aprovechar mejor los alimentos que aún pueden ser recuperados, fortalecer el papel de los bancos de alimentos y otras organizaciones de recuperación, reducir pérdidas y desperdicios, y ayudar a cubrir las necesidades alimentarias de las poblaciones más vulnerables”.
El propósito final, según Kasdorf, debería ser que donar no solo cueste menos que desechar, sino también establecer un marco donde donar alimentos aptos para consumo sea considerado una decisión socialmente responsable, amigable con el medio ambiente y fiscalmente favorable en comparación con el desperdicio.
El Banco de Alimentos puso como ejemplos a Colombia, Brasil, Uruguay y México, donde diversas reformas han incorporado incentivos tributarios y mecanismos para facilitar la recuperación de productos. En Colombia, por ejemplo, la Ley 1.607, sancionada en 2012, excluyó del IVA a los alimentos donados a bancos de alimentos. Uruguay, mediante la Ley 20.177 de 2023, permite deducir el IVA de las compras relacionadas con productos donados y ofrece beneficios fiscales para otros impuestos aplicables a determinados alimentos.
Por su parte, Brasil ha implementado incentivos fiscales y crediticios en su Política Nacional de Combate a la Pérdida y Desperdicio de Alimentos de 2025 para donantes y organizaciones receptoras, además de herramientas para fomentar la creación y consolidación de bancos de alimentos. En México, las donaciones deducibles del Impuesto Sobre la Renta no son consideradas una enajenación en términos del IVA.
Las organizaciones utilizan estas experiencias regionales para plantear la posibilidad de modificar el tratamiento fiscal de las donaciones en Argentina, generando condiciones económicas más favorables para recuperar excedentes antes de que se conviertan en desperdicio.
El Banco de Alimentos Buenos Aires, organización sin fines de lucro activa desde hace 25 años, trabaja para reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio. Recibe productos aptos para el consumo provenientes de empresas, supermercados, mayoristas y productores agropecuarios. Los alimentos son transportados a su Centro de Distribución de Benavídez, donde son almacenados y clasificados con la colaboración de voluntarios.
Colabora actualmente con 1.300 organizaciones sociales del Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo comedores, jardines maternales, merenderos, hogares, centros comunitarios y espacios de rehabilitación. Durante 2025, logró recuperar 7.400 toneladas de alimentos, beneficiando a más de 360.000 personas, de las cuales más del 60% son niños.
La organización destaca que cada producto recibido cuenta con un sistema de trazabilidad que permite rastrear la donación desde su ingreso hasta su entrega a las organizaciones sociales. Este sistema proporciona a las empresas informes sobre el destino de sus aportes. Además, su gestión y control es auditada externamente, contando con certificación ISO 9001 desde 2008 e ISO 14001 desde 2025.
El reclamo actual de los bancos de alimentos se centra en complementar la seguridad jurídica con incentivos económicos que hagan de la donación de productos aptos para consumo una opción, como mínimo, fiscalmente neutral en comparación con el descarte.
