La decisión provino de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que dio lugar a una denuncia por usurpación presentada por el propietario de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, en contra del SUTNA.
A través de un comunicado, el gremio consideró “aberrante” la medida y subrayó que los verdaderamente “ilegales” son los dueños de la empresa, quienes buscan llevar a cabo un cierre de fábrica cuando, en realidad, se trataría de un “lockout” un bloqueo realizado unilateralmente por la patronal.
Según el sindicato, la compañía detuvo su producción para abocarse a otros negocios en los que Madanes Quintanilla quiere concentrarse, tales como el aluminio y la energía.
Por esta razón, se decidió la ocupación con el objetivo de proteger la maquinaria destinada a la fabricación de neumáticos, prevenir el vaciamiento del establecimiento e instar a la Justicia a que disponga una conciliación obligatoria que facilite el regreso al trabajo.
Tras la notificación del desalojo, el SUTNA convocó a una manifestación en la principal entrada del predio de 44 hectáreas “para apoyar a los trabajadores de FATE ante semejante injusticia”. La movilización también busca “reforzar la presencia en la madrugada” con el fin de proteger a los operarios que permanecen allí desde el 18 de febrero, cuando fueron informados sobre el despido masivo y el cierre de la empresa, que cuenta con más de 80 años de trayectoria en el sector.
En diálogo con un medio local, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, tildó la orden de desalojo como “un mamarracho”, ya que la resolución indica que “los propios jueces van escribiendo claramente que la justicia penal no puede resolver los problemas laborales, y luego terminan el fallo permitiendo un desalojo”. Al respecto, Crespo anunció que el gremio está “preparando todas las apelaciones y recursos necesarios para que este fallo no tenga validez”.
Desde febrero hasta la actualidad, el caso FATE ha atravesado diversas fases de tensión y procesos judiciales. Tras la ocupación y la subsecuente denuncia de Madanes Quintanilla, el trámite judicial se vio marcado por inspecciones, numerosas citaciones, solicitudes de declaración indagatoria y órdenes de desalojo que fueron suspendidas en ocasiones anteriores mediante apelaciones.
Incluso se presentó una denuncia por hostigamiento por parte de los trabajadores, quienes afirmaron que una empresa de seguridad contratada por la compañía emplea tácticas de “agresión” contra quienes ocupan la fábrica. Según la denuncia, se habrían esparcido sustancias químicas nocivas en áreas de descanso y baños, además de presentar agresiones y hostigamiento.
A lo largo del desarrollo del caso, el juez de Garantías Esteban Rossignoli había ordenado el desalojo, aunque posteriormente la Cámara de Apelaciones suspendió dicha orden para evaluar una apelación. Si bien el tribunal falló a favor de los trabajadores, el fiscal Marcelo Fuenzalida continuó insistiendo en el desalojo.
La resistencia de los operarios de FATE ha cosechado el apoyo de diversos sectores tanto gremiales como políticos. Hace dos semanas, llevaron a cabo una manifestación masiva en Plaza de Mayo, donde recibieron respaldo de artistas y líderes de todas las corrientes opositoras.
