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Máximo Kirchner se prepara para su primer juicio por corrupción, enfrentando embargos superiores a $3.000 millones y un papel crucial en un caso de lavado

7 septiembre, 2026
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Máximo Kirchner se prepara para su primer juicio por corrupción, enfrentando embargos superiores a $3.000 millones y un papel crucial en un caso de lavado
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El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) está próximo a fijar la fecha de inicio para las audiencias públicas del juicio que involucra a Hotesur y Los Sauces, en el cual están acusados Cristina y Máximo Kirchner, junto a otros catorce imputados. A pesar de contar con fueros, el diputado nacional se presentará en esta instancia con embargos que superan los 3.000 millones de pesos, así como una fortuna total de 11.000 millones y una considerable cantidad de documentos que lo señalan en las maniobras que serán objeto de evaluación judicial.

El banquillo de los acusados será compartido por la ex Presidenta y su hijo, quienes llegarán a este proceso con un embargo familiar que supera los 1.000 millones de pesos. A esto se suma una medida cautelar sobre la inmobiliaria Los Sauces por 3.013 millones, coexistiendo con un decomiso actual de 685.000 millones de pesos que arrastra otro caso, en el cual Máximo Kirchner deberá responder de manera solidaria junto a los demás condenados. Además, hay una orden de ejecución patrimonial sobre 19 propiedades de Máximo y Florencia Kirchner.

El 4 de septiembre, se realizó una audiencia en la que las defensas, la fiscalía y la querella de esta causa, que investiga un esquema de blanqueo de activos a través de las empresas familiares, Hotesur y Los Sauces, se presentaron ante los jueces del TOF 5: José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni. Durante esta sesión, se establecieron las pautas para el debate oral y público.

En primer lugar, el juez Michilini comunicó que el juicio se llevará a cabo de forma estrictamente presencial. Además, se planearon llevar a cabo tres audiencias por semana, con la posibilidad de habilitar sábados y domingos, y, si fuese necesario, se podría realizar el juicio durante la feria judicial de verano.

Asimismo, se estableció un plazo de quince días para que las defensas reduzcan la lista de testigos propuestos. Hasta el momento, según información judicial, había 300 testigos sugeridos entre los dos expedientes. El TOF 5 solicitó que se desestimen aquellos que no guarden relación con el delito que se investiga.

El objetivo es acelerar el proceso del juicio, por lo que una vez que cada parte haya definido qué testigos respaldarán y cuáles caerán, el tribunal estará en condiciones de determinar cuándo comenzará el debate, el cual contará con la representación del Ministerio Público Fiscal a cargo de Diego Velasco.

La acusación en este caso sostiene que se verificó una maniobra de lavado de activos, en la cual tanto la inmobiliaria como la empresa hotelera de la familia Kirchner habrían funcionado como “pantallas societarias”. Según se plantea, esto permitió el reciclaje de una porción de los fondos que Lázaro Báez obtenía a través de la obra pública vial, que, bajo este esquema, retornaban al patrimonio de la familia Kirchner.

Con respecto a la inmobiliaria Los Sauces, se estimaron operaciones que superan los 30 millones de pesos. En el caso de Hotesur, la justicia estima que se habrían blanqueado alrededor de 80 millones de pesos, tomando como referencia los valores del año 2015.

Los acusados en este caso, entre los que se encuentran Cristina y Máximo Kirchner, así como Lázaro Báez y su hijo Martín, han sido identificados como parte de un “complejo entramado societario” diseñado para poner en circulación en el mercado una porción de las ganancias obtenidas a través de la defraudación al Estado, en el marco de la causa por obra pública.

Para llevar a cabo esta maniobra, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ya habían señalado durante la investigación que los acusados “recurrieron a los fondos obtenidos junto a Lázaro Báez, mediante la asignación irregular de obras públicas viales en su provincia de origen” y a “múltiples” negocios con las empresas del Grupo Austral, con el objetivo de dar a dichas operaciones comerciales la “apariencia de legitimidad”.

La justicia determinó que las maniobras de lavado incluyeron una etapa previa: Néstor y Cristina Kirchner se hicieron de “fondos líquidos para justificar la adquisición de esos establecimientos hoteleros”. Así, registraron entre 2005 y 2009 “múltiples negocios, en su mayoría con Báez, en los cuales también participó Máximo Kirchner”, actuando en nombre de sus padres.

Más de quince compraventas de terrenos y propiedades tuvieron lugar entre el empresario y las expresidentes. Gracias a este flujo de dinero, como indicó el juez Ercolini, “Kirchner, a través de su hijo Máximo, adquirió el hotel Las Dunas por 700.000 dólares y la totalidad del paquete accionario de Hotesur SA, propietaria del hotel Alto Calafate, por 4,9 millones de dólares”.

A continuación, en una segunda fase de la “maniobra económica diseñada desde el negocio hotelero”, la participación de Valle Mitre SRL, propiedad de Lázaro Báez, se tornó indispensable. Esta firma fue creada meses después de que los Kirchner compraran los hoteles y se utilizó en el esquema de blanqueo“para recibir ese dinero y aplicarlo al negocio hotelero, permitiendo así que las ganancias ilícitas se distanciaran de su verdadero origen”.

Valle Mitre, sin capacidad económica para pagar el alquiler de Hotesur SA, recibía financiación de Austral Construcciones, la principal contratista de la obra pública vial en Santa Cruz. Entre 2007 y 2015, la empresa que gestionaba los hoteles de los Kirchner registró ingresos por pagos de la constructora que sumaron 70.949.170,95 pesos.

Esos fondos eran luego derivados a la empresa hotelera de la ex Presidenta. A su vez, Valle Mitre transfería dinero a otras firmas del Grupo Austral (Kank y Costilla, Loscalzos y Del Curto, La Estación SA, Don Francisco) para que arrendaran habitaciones de los hoteles que no utilizaban, asegurando así ingresos por más de 14 millones de pesos a la familia Kirchner.

Entre 2009 y julio de 2013, Báez abonó a los Kirchner 27.592.110 pesos por alquileres a Hotesur SA. El contrato de alquiler del Alto Calafate se firmó en dólares, e incluía un pago mensual de 40.000 dólares por la explotación comercial. Estos fondos “fueron finalmente introducidos en el patrimonio de los Kirchner, todo con la intención de disimular la fuente real de los fondos y darles apariencia de lícitos”, sostiene el requerimiento de elevación a juicio.

Para la justicia federal, Máximo Kirchner desempeñó “roles idénticos o muy similares en ambas maniobras. Formó, junto a su padre, la empresa Hotesur, y, junto a sus dos progenitores, la inmobiliaria Los Sauces, de la que también sería presidente, actuando en nombre de aquéllos y en representación de ambas sociedades”.

En tal capacidad, habría adquirido propiedades, firmado y cobrado cheques “con los que se canalizaron los fondos, firmado contratos de alquiler y llevado a cabo todas las tareas de administración y disposición necesarias para la integración de los fondos al patrimonio familiar”.

Como accionista en Hotesur, “habría participado en la designación de autoridades en el consejo de administración y aprobado cada uno de los ejercicios económicos de la firma entre 2010 y 2013, ratificando, entre otras cosas, la contratación de Valle Mitre como la empresa gerenciadora y administradora de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.

De cara al inicio del juicio, se renovaron los embargos y las medidas cautelares sobre las compañías implicadas: sobre Los Sauces pesaba un embargo de 673 millones de pesos. En relación a Cristina Kirchner, la medida cautelar ascendió a 110 millones de pesos, mientras que para su hijo se estableció en 130 millones de pesos.

Esto significa que Cristina Kirchner no sólo deberá enfrentar el decomiso en el caso Vialidad, que asciende a 685.000 millones de pesos, sino que el aumento del embargo en el caso Hotesur-Los Sauces revela a cuánto podría llegar una posible condena por lavado de dinero.

Los embargos impuestos por el TOF 5 son los siguientes: 582.055.234,48 pesos para Máximo Kirchner y Cristóbal López, de forma individual. A ellos se les había dictado una cautelar de 130 millones.

En el caso de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, el embargo original era de 110 millones de pesos, pero se ha actualizado en este juicio a 492,5 millones. La inmobiliaria Los Sauces también ha sido objeto de una actualización del embargo más significativo: de 673 millones de pesos, se elevó a 3.000 millones.

Las firmas Valle Mitre, Loscalzos y del Curto, y Kank & Costilla han visto incrementada la cantidad del embargo de 237 millones de pesos a más de mil millones. Las tres empresas pertenecen a Lázaro Báez. Valle Mitre se utilizó para la explotación y administración de Hotesur, mientras que las otras dos son constructoras que alquilaron espacios en Los Sauces SA y, a su vez, desarrollaron propiedades que pertenecen a la inmobiliaria.

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