CTERA ha definido la protesta, demandando la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, una actualización de los salarios, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo. A estos reclamos se añaden solicitudes de mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
En la provincia de Buenos Aires confirmaron su adhesión gremios como SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, lo que augura un considerable impacto en el sistema educativo de la región.
La convocatoria de CTERA está acompañada por los sindicatos de base en distintas provincias. En Buenos Aires, SUTEBA ha ratificado su apoyo, con FEB, UDOCBA, SADOP y AMET sumándose a la iniciativa. Esto generará un fuerte efecto en el ámbito educativo bonaerense.
Además, docentes de algunas universidades nacionales, como la Universidad Nacional de La Plata, también participarán en la jornada de protesta. Sin embargo, la respuesta puede variar según cada distrito, ya que el nivel de adhesión dependerá de las decisiones de los trabajadores en cada institución.
Por su parte, los gremios docentes alineados con la CGT han optado por un enfoque diferente, eligiendo realizar clases informativas y trabajar a reglamento en lugar de suspender las actividades. Esto busca visibilizar el conflicto sin interrumpir completamente el dictado de clases.
Los sindicatos argumentan que la protesta es consecuencia del deterioro del poder adquisitivo de los salarios, dado que el haber mínimo ha permanecido congelado en $500.000 durante el último año. También exigen la recuperación del FONID, que fue eliminado por el Gobierno al inicio de la gestión actual.
El conflicto se desarrolla en medio de una disputa judicial sobre la aplicación de la ley que considera esencial a la educación.
Ante el paro, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha confirmado que llevará a cabo un operativo de control en establecimientos educativos en todo el país para asegurar el cumplimiento de la legislación que clasifica la educación como un servicio esencial.
La cartera informó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizará inspecciones muestrales para verificar que las entidades sindicales garanticen el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, de acuerdo con el artículo 101 de la Ley N.º 27.802.
Desde el Gobierno han advertido que, en caso de corroborar el incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos necesarios para aplicar las sanciones pertinentes. Además, se exhortó a “priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación, a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas”.
El operativo se desarrollará en un contexto de disputa judicial. A pesar de que un juzgado laboral suspendió cautelarmente la aplicación de la declaración de esencialidad, la apelación presentada por el Poder Ejecutivo mantiene vigente esta limitación mientras avanza el proceso. En este marco, el paro del lunes representará la primera gran prueba para evaluar tanto el grado de adhesión sindical como el alcance de los controles y las posibles sanciones anunciadas por la administración.
