“No, claramente no”, fue su respuesta a la consulta del abogado Carlos Beraldi, que indagaba sobre la existencia de partidas presupuestarias destinadas a obra pública con el objetivo de beneficiar a alguna empresa en particular.
Lavagna aclaró que “cualquier pago que hace el Estado tiene que estar registrado” en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Presupuesto. Al ser cuestionado nuevamente, reiteró: “Sí claro, todo peso que sale, aun para pagar a empleados, debe estar registrado en esas oficinas”.
El exministro, quien lideró el área económica durante los mandatos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, ofreció este jueves su testimonio ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco del juicio que se desarrolla por la denominada causa Cuadernos.
Durante su declaración, Lavagna proporcionó una explicación técnica sobre las operaciones de su cartera y su separación de otros ministerios, como Obras Públicas, Producción, Energía y Comunicaciones, para dar paso a Planificación.
Asimismo, evocó una preocupación planteada por el Banco Mundial en 2005 acerca de una posible cartelización en la obra pública que podría resultar en sobreprecios. En respuesta, solicitó la realización de una investigación preliminar sobre este asunto.
Para ello, se fortaleció la Comisión de Defensa de la Competencia, una iniciativa apoyada por el presidente, que comenzó su análisis a finales de agosto o principios de septiembre de 2005. No obstante, el exministro comentó: “Creo que no pasó nada”.
Lavagna también se refirió a una reunión posterior, en la Cámara de la Construcción, donde se congregaron entre 600 y 800 empresarios, proveedores y sindicalistas, y donde abordó la situación económica y mencionó “indicios preliminares” de sobrecostos de hasta un 20%. “Les dije que iba a poner a Defensa de la Competencia a investigar”, recordó, añadiendo que esa afirmación no fue bien recibida.
Ante la reacción, Lavagna expresó: “Ministro, justo acá viene a decir esto. Mi respuesta fue: sí, acá tenía que decirlo”.
El exfuncionario aseveró que su planteo surgió a raíz de la posición del Banco Mundial, aunque admitió no tener certeza sobre si la entidad internacional había llevado a cabo alguna investigación, mencionando que “pesan las razones políticas”.
“Mi sensación era que ellos [los del Banco Mundial] sabían más que nosotros, me refiero a Economía”, recordó, subrayando que comunicó al presidente la necesidad de anticiparse a cualquier movimiento que pudiera interferir en la entrega de los bonos de la deuda.
Lavagna hizo énfasis en que solicitó un informe preliminar a la Comisión de Defensa de la Competencia, que asumió un “papel que nunca había tenido”, recordando casos específicos como el de las cementeras y el gas para hospitales, donde se impusieron multas millonarias y se presentaron denuncias penales.
El abogado Zenón Ceballos, defensor del empresario Carlos Wagner, resaltó una aparente contradicción en las declaraciones de Lavagna y pidió aclaraciones. Si bien el exministro no recordó que hubiera una causa judicial relacionada con esa denuncia, en las pruebas del expediente se menciona que, durante su testimonio en el caso de la obra pública en 2018 bajo la dirección de Claudio Bonadio, afirmó que se “cerró” una causa al respecto.
En aquella ocasión, Lavagna indicó que la Comisión de Defensa de la Competencia debía realizar la denuncia, afirmando que, según su conocimiento, efectivamente se formuló la denuncia y se cerró en 2008.
“No hay contradicción, yo dije hoy que no pasó nada y efectivamente no pasó nada”, precisó Lavagna ante el tribunal.
El exministro también recordó su participación en los proyectos de ley de presupuesto de 2003, 2004, 2005 y 2006, así como en los debates que se llevaron a cabo en el Congreso sobre estos temas.
