Antes de abordar el tema central, el Senado decidió, sin controversias y mediante una votación a mano alzada, remitir a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de las senadoras Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para participar de modo remoto y emitir su voto.
Fernández Sagasti se encuentra en su 32ª semana de embarazo y, por indicación médica, no puede viajar largas distancias. Por su parte, Fama fue sometido a una cirugía de rodilla y también tiene limitaciones de movilidad.
Ambos senadores recibieron autorización para participar y votar a través de sendos decretos de Victoria Villarruel, en relación con el cuerpo. Sin embargo, la propuesta de envíar los pedidos a comisión hecha por la líder del bloque oficialista, Patricia Bullrich, fue aprobada sin debate y con el apoyo del kirchnerismo.
A pesar de la eliminación del polémico capítulo sobre la extranjerización, que quedó fuera por la disminución de apoyos en la oposición dialoguista tras la presión política y social de las últimas semanas, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada contiene otros puntos que podrían desencadenar un intenso debate.
Uno de esos aspectos se refiere al establecimiento de un juicio sumarísimo para desalojos por usurpaciones y ocupaciones, incorporando un plazo de 10 días hábiles para abandonar una vivienda en caso de deudas de alquiler.
El segundo capítulo del proyecto estipula que todos los desalojos, tanto en áreas urbanas como rurales, se realizarán mediante este tipo de juicio. En este sentido, se contempla la facultad del propietario de solicitar la restitución inmediata del inmueble contra intrusos o tenedores precarios durante cualquier etapa del proceso, bajo caución juratoria.
A solicitud de la oposición dialoguista, se impone que el juez deba involucrar a organismos de protección cuando estén en juego menores o personas con discapacidad, estableciendo un plazo de hasta 10 días para garantizar una alternativa habitacional antes del desalojo.
Este mismo plazo de 10 días se aplicará a los desalojos por falta de pago, permitiendo que la notificación se realice en el domicilio electrónico definido en el contrato.
El proyecto también modifica el régimen de expropiación de bienes privados por parte del Estado, introduciendo nuevos requisitos para la apropiación de propiedades. Para que un bien sea declarado de utilidad pública, se deberá hacer una interpretación restrictiva, precisando el fin que busca el Estado y acreditando que la medida es adecuada, necesaria y proporcional.
La indemnización se limitará al valor de mercado y a daños directos, reconociendo el lucro cesante solo si está debidamente comprobado, con un tope del 30% del valor del daño, salvo prueba fehaciente que justifique un impacto mayor. Los valores se actualizarán según el IPC más una tasa de interés. Para llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se definirá con rigor el “estado de necesidad”, ajustándolas a 90 días con una sola prórroga por igual plazo en caso de circunstancias excepcionales.
El proyecto incluye un capítulo de regularización dominial para inmuebles rurales, ampliando el concepto de usucapión por 10 años, como ya figura en la denominada Ley Pierri, para que agricultores familiares puedan regularizar los terrenos donde habitan y producen.
Además, se prevén cambios en la Ley del Manejo del Fuego, impulsada por el kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri, eliminando restricciones sobre el uso y venta de pastizales y terrenos productivos afectados por incendios.
Sin embargo, se mantiene la prohibición de alterar el uso y destino de bosques nativos y reservas forestales en caso de incendios, tal como lo establecen las legislaciones vigentes.
