Vicuña es una asociación entre la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, reconocida como una de las mayores compañías mineras a nivel global. El mes pasado, el Ministerio de Economía autorizó su inclusión en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla una inversión inicial proyectada de 9700 millones de dólares, cifra que podría aumentar hasta 18000 millones de dólares a lo largo de las distintas fases del proyecto.
Sin embargo, quedaba pendiente la resolución de un conflicto regulatorio. Vicuña obtuvo el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) de parte del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), que resultó de la fusión del ex ENRE y Enargas. La controversia se originó cuando el ente regulador de San Juan, el gobierno de La Rioja y otras empresas mineras activas en la región —como Los Azules de McEwen Copper, Barrick, Golden Mining (responsable del proyecto Hualilán) y Casposo— se manifestaron en contra de la prioridad de uso que Vicuña requería durante 25 años sobre el 90% de la capacidad remanente de una línea de alta tensión.
El epicentro del conflicto era la línea de 132 kV Nueva San Juan-Rodeo, que ya había sido financiada por dichas empresas y con aportes provinciales. Vicuña se comprometió a financiar la ampliación de esta línea hasta 500 kV.
Conforme al marco establecido por la Ley Bases y la resolución 311 de la Secretaría de Energía, la empresa que financia la ampliación del sistema de transporte tiene derecho a obtener prioridad sobre la capacidad adicional generada por dicha inversión.
Vicuña solicitó esta prioridad para asegurar el suministro eléctrico del depósito Josemaría, cuya demanda inicial es de 260 MW, escalando a 400 MW y posteriormente a 700 MW.
El conflicto surgió porque otros proyectos, con desarrollos más lentos, también aspiraban a utilizar esa línea de alta tensión, como es el caso de Los Azules de McEwen Copper.
En su fallo, el Enrege desestimó las principales objeciones planteadas por las provincias y las empresas mineras opositoras. El organismo afirmó que las líneas de alta tensión son de jurisdicción federal y que ninguna regulación provincial, como la ley sanjuanina 1181-A que reservaba potencia para otras mineras, puede restringir el acceso libre que establece la ley nacional 24.065. Hizo referencia a pronunciamientos de la Corte Suprema, como en los casos “Transener c/Provincia de Neuquén” y “Central Puerto S.A.”, para argumentar que el sistema de transporte eléctrico es indivisible y de competencia nacional. También se desechó la solicitud de La Rioja de que Vicuña financie obras adicionales para asegurar una futura conexión con esa provincia.
“El resultado de esta resolución desbloquea la inversión total de Vicuña, que supera los 9000 millones de dólares, generando más de 30.000 empleos y un impacto positivo de 3270 millones de dólares anuales en la balanza comercial. Este proyecto posiciona a Argentina como un jugador global en el sector del cobre, promueve el desarrollo en San Juan y reafirma el camino establecido por la Ley Bases y el RIGI”, señalaron fuentes oficiales.
Las obras programadas incluyen la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo, una nueva línea de extra alta tensión de 500 kV entre Rodeo y Chaparro de 167 kilómetros, la construcción de una nueva estación transformadora en Chaparro y una línea de 220 kV que conectará Chaparro con la futura estación transformadora Josemaría, con una longitud de 93 kilómetros. Estas iniciativas, que contarán con financiación total de Vicuña, requerirán entre 400 y 500 millones de dólares.
La empresa ha afirmado que los costos de las obras no se trasladarán a los usuarios del sistema eléctrico. Una vez completadas, estas infraestructuras formarán parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y serán gestionadas por el concesionario de transporte de alta tensión.
“Obtener el CCyNP es un avance significativo para el desarrollo del proyecto y representa una oportunidad para establecer infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y apoyará el crecimiento de la provincia en las próximas décadas”, aseguró José Morea, director del país de Vicuña, en un comunicado.
La resolución no recibió el respaldo del EPRE San Juan, que había solicitado limitar el acceso de Vicuña a 260 MW y la creación de un comité de seguimiento tripartito para las obras. El Enrege sostuvo que no es competencia de la autoridad provincial coadministrar el sistema de transporte nacional, aunque la compañía mantiene diálogos paralelos con el EPRE y el gobierno provincial para acordar el reconocimiento de inversiones en infraestructura eléctrica existente.
El trasfondo del conflicto es más antiguo que cualquiera de los proyectos implicados. Argentina ha carecido de inversiones en líneas de transporte eléctrico de alta tensión durante décadas. Este déficit acumulado ha impedido la incorporación de energía renovable al sistema y ha encarecido la operación de grandes industrias, constituyéndose actualmente en el principal obstáculo para el desarrollo minero.
“La insuficiencia en la expansión del sistema eléctrico de transporte ha sido evidente en los últimos años. El crecimiento de las actividades mineras a gran escala ha vuelto a resaltar estas limitaciones”, enfatizó Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, en una audiencia pública realizada el mes pasado.
El gobierno actual enfrenta restricciones fiscales que limitan su capacidad para financiar obras de infraestructura eléctrica. La alternativa hallada ha sido regulatoria. A través de la Ley Bases, el decreto 450 y la resolución 311 de la Secretaría de Energía, se ha permitido que las empresas privadas financien ampliaciones de la red, obteniendo así prioridad sobre la capacidad adicional generada. La lógica detrás de esto es que, sin este incentivo, las obras no se llevarían a cabo. El caso de Vicuña se erige como el primero en evaluar este sistema en el contexto del sector minero.
