Durante años, los productores de Balcarce, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, han intentado establecer un diálogo constructivo con el municipio. Han participado en reuniones con funcionarios, integrado una comisión de caminos y presentado propuestas, además de compartir experiencias de otros municipios donde el mantenimiento de la red vial rural se gestiona de manera colaborativa. Sin embargo, aseguran que estas gestiones no han llevado a mejoras duraderas en las condiciones de los caminos. La administración local, encabezada por Esteban Reino (UCR), sostiene que destina todos los fondos disponibles a la red vial, pero reconoce que los recursos son insuficientes para llevar a cabo las obras estructurales necesarias en una extensa red de caminos rurales. “Tenemos un municipio con el que siempre hubo diálogo, pero no da respuesta a la problemática”, resumió Osvaldo Melucci, presidente de la Sociedad Rural de Balcarce. Desde su perspectiva, la sociedad rural ha impulsado propuestas desde hace casi diez años para optimizar la gestión de la red vial, aunque ninguna de ellas ha logrado consolidarse. Recordó que, en tiempos pasados, existía una comisión de caminos que integraba a productores y que logró mejorar parte de la red. Sin embargo, apuntó que ese mecanismo dejó de operar hace más de tres años y la situación volvió a deteriorarse. “Se mejoró mucho, pero después la comisión se retiró y otra vez cayó el tema de los caminos, la maquinaria y el personal”, afirmó. En el último año, la Sociedad Rural organizó dos reuniones que contaron con una notable participación de productores. En la primera, se invitó a representantes de municipios como Tandil y Benito Juárez para presentar modelos de gestión que, según argumentaron, produjeron resultados positivos. En la segunda reunión, estuvo presente el intendente, quien escuchó los reclamos y, según Melucci, se comprometió a avanzar en este año con un esquema de trabajo conjunto entre el municipio y los productores. “El productor dijo todo lo que tenía que decir y él se comprometió a generar una nueva gestión entre productores y municipio. Eso no pasó”, manifestó el ruralista. Para la entidad, el objetivo nunca fue administrar directamente los fondos, sino participar en las decisiones relacionadas con su uso. “Queremos ser parte de las decisiones, de las presupuestaciones, de los destinos de la plata, de lo que se cobra y de lo que se paga, como funciona en Benito Juárez y en otros partidos”, enfatizó Melucci. Uno de los reclamos más relevantes de los productores es que consideran que el dinero que aportan a través de la tasa vial no se traduce en un mejor estado de los caminos. Según el dirigente, un establecimiento de aproximadamente 700 hectáreas paga un promedio de $3111 por hectárea en seis cuotas anuales, lo que equivale a un desembolso cercano a los $13 millones anuales. No obstante, enfatizó que el planteo no se centra en la suma que abonan los productores. “El problema no es la tasa. El productor no tiene problema en pagar. El problema es que los caminos están mal”, aseguró. A su entender, la dificultad radica en el modelo de gestión actual. Señaló que cuando se realizan reparaciones, estas carecen de mantenimiento a lo largo del tiempo. “Van, arreglan un camino, pero a los dos meses ya no lo pueden mantener. Hay alcantarillas tapadas que no se destapan. No les funciona el modelo de gestión”, apuntó. Según el dirigente, hay caminos terciarios donde las máquinas no han operado desde hace años, y en otros sectores el mantenimiento es insuficiente. Aseguró que esto no solo dificulta el movimiento de la producción agropecuaria, sino que también impacta en la vida cotidiana de los habitantes del área rural. Productores de la región mencionaron, como caso emblemático, el puente de madera situado en el paraje La Esperanza, en el camino que conduce a la estancia Los Cardos. Debido a su estado deteriorado, el transporte escolar que lleva a los alumnos a la Escuela N° 32 ha dejado de utilizar ese paso y ahora debe realizar un itinerario alternativo, lo que implica un aumento en los tiempos de viaje y en los costos operativos del servicio. A pesar del creciente descontento, Melucci aclaró que la Sociedad Rural no promueve la suspensión del pago de la tasa vial ni acciones de protesta. “Nosotros no queremos poner a los productores en rebeldía. Lo único que queremos es que la tasa se refleje en los caminos y ser parte de la solución”, sostuvo. Por su parte, desde el municipio señalaron que el mantenimiento de los caminos rurales se financia con el 70% de lo recaudado a través de la tasa vial, el 50% de los ingresos por marcas y señales, el 100% de las multas relacionadas con caminos rurales y el total del Fondo Compensador de Obras Viales Rurales de la Ley 13.100, que se nutre de recursos que la provincia distribuye a los municipios provenientes del impuesto inmobiliario rural. Detallaron que la tasa se cobra en seis cuotas bimestrales y que el presupuesto propuesto para este año destinado a la red vial asciende a aproximadamente $3700 millones. Explicaron que estos recursos se emplean en el funcionamiento integral del sistema vial. El presupuesto asigna $1214 millones para bienes de consumo, como neumáticos, cuchillas, aceites, tosca y estabilizado; $647 millones para alquiler de maquinaria; $636 millones para salarios; $400 millones para bienes de uso; $380 millones para reparaciones; $240 millones para combustible, y $110 millones para un plan hidráulico. Desde la comuna aclararon que el distrito cuenta con una red de entre 1100 y 1300 kilómetros de caminos rurales y afirmaron que los recursos son suficientes para realizar tareas de mantenimiento, aunque no para llevar a cabo las obras estructurales solicitadas por algunos productores. “Siempre aclaramos que la tasa es de mantenimiento de caminos, no de reconstrucción de los mismos“, recalcaron. A este respecto, indicaron que muchas de las intervenciones requeridas corresponden a obras de fondo, cuyo costo es significativamente más elevado. Como ejemplo, precisaron que, a diferencia de Balcarce, municipios como Tandil cuentan con una contribución específica equivalente a un litro de gasoil por hectárea anualmente destinada exclusivamente a financiar este tipo de obras. También resaltaron que en los últimos años han incrementado el parque vial. Precisaron que han pasado de contar con tres máquinas dedicadas a caminos rurales a tener actualmente ocho equipos propios, además de incorporar nueva maquinaria y complementar las tareas con equipos alquilados. Explicaron que las roturas representan uno de los costos más significativos del sistema. “Un banco de válvulas de una motoniveladora sale entre $60 y $70 millones“, ejemplificaron. Por este motivo, este año alquilaron dos máquinas y una retroexcavadora para reforzar los trabajos y tienen previsto sumar más equipos cuando comience la “temporada fuerte”, entre octubre y el verano, período en el que se concentran las obras más relevantes, como los alteos de caminos.









